Resolución de 27 de enero de 1987: Procedimiento de Aprobación de Ordenanzas Municipales
La Resolución de 27 de enero de 1987 de la Dirección General de la Administración Local establece el marco procedimental esencial para que los ayuntamientos y entidades locales elaboren, tramiten y aprueben sus ordenanzas municipales. Conoce paso a paso las fases administrativas, los requisitos de legalidad y los plazos obligatorios que debes dominar para superar las pruebas selectivas de administración local. Prepara tu examen con material actualizado y tests interactivos diseñados por expertos en derecho local.
¿Qué es Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección General de Administración Local, sobre?
La Resolución de 27 de enero de 1987, dictada por la Dirección General de la Administración Local, constituye un instrumento normativo de gran relevancia en el ordenamiento jurídico español, específicamente en el ámbito del derecho local. Su objetivo principal es regular el procedimiento administrativo que deben seguir los municipios y otras entidades locales para elaborar, aprobar y publicar sus ordenanzas municipales y reglamentos orgánicos. Enmarcada en el contexto de modernización y descentralización administrativa de la década de 1980, esta norma complementa y desarrolla los preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), garantizando que los actos normativos de las corporaciones locales cumplan con los principios constitucionales de legalidad, jerarquía normativa, publicidad y participación ciudadana. Establece fases clave que van desde la iniciativa municipal y la redacción técnica, pasando por el periodo de información pública y consulta a los vecinos, hasta la tramitación parlamentaria en el pleno municipal y la aprobación definitiva por parte del órgano competente. Su vigencia y aplicación práctica siguen siendo fundamentales para entender la potestad reglamentaria de las administraciones locales y aparece con frecuencia en las pruebas de oposición de los cuerpos de administración local, auxiliares administrativos y técnicos de administración general municipal, ya que domina este procedimiento es requisito indispensable para el ejercicio correcto de las competencias municipales en la actualidad.
Temario disponible: bloques y temas
Nuestros cuestionarios cubren los principales títulos y artículos de Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección General de Administración Local, sobre.
Iniciación y Competencias Normativas Municipales
- • La iniciativa para la elaboración de ordenanzas recae principalmente en el alcalde, el gobierno municipal o los grupos con representación en el pleno, debiendo justificarse la necesidad y conveniencia de la norma.
- • Es fundamental diferenciar entre ordenanzas administrativas, económicas y fiscales, ya que cada categoría requiere un procedimiento de aprobación específico y un ámbito de competencia distinto dentro del municipio.
- • Los reglamentos orgánicos que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno deben seguir el mismo procedimiento de tramitación que las ordenanzas, garantizando la seguridad jurídica interna.
- • La competencia para aprobar normas municipales corresponde al pleno municipal, aunque la delegación de funciones puede realizarse en ciertos casos según lo establecido en la legislación de régimen local vigente.
- • El presupuesto de la iniciativa debe incluir un informe jurídico que acredite la conformidad con el ordenamiento jurídico superior y un informe económico que refleje la viabilidad financiera de la medida.
Información Pública y Participación Ciudadana
- • El periodo de información pública es una fase obligatoria que tiene una duración mínima de un mes y máxima de dos meses, durante la cual cualquier vecino o persona interesada puede presentar alegaciones.
- • La difusión del expediente debe realizarse mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, garantizando el acceso efectivo a la documentación.
- • Las alegaciones presentadas durante este periodo deben ser examinadas y valoradas por los técnicos competentes, y su resolución debe quedar constancia expresa en el informe final del expediente.
- • Si las alegaciones son numerosas o afectan a aspectos sustanciales de la ordenanza, el gobierno municipal puede convocar reuniones informativas o mesas de trabajo para facilitar el diálogo con la ciudadanía.
- • La falta de publicación en el BOP o el incumplimiento de los plazos de información pública constituye un vicio de forma grave que podría derivar en la anulabilidad de la norma aprobada.
Tramitación Parlamentaria y Aprobación Definitiva
- • Una vez finalizado el periodo de información pública y tramitadas las alegaciones, el expediente se remite al pleno municipal para su debate, enmiendas y votación final.
- • La aprobación inicial requiere la mayoría absoluta de los miembros que integran el pleno, salvo que la legislación específica exija otro tipo de mayorías qualificadas para materias sensibles.
- • Tras la aprobación inicial, se procede a la publicación de la ordenanza en el BOP para su entrada en vigor, debiendo respetarse el periodo de vacatio legis establecido por la normativa general.
- • El secretario municipal debe levantar acta de la sesión de aprobación, haciendo constar el resultado de la votación y la conformidad con los trámites procedimentales realizados.
- • La resolución de las alegaciones y el informe jurídico previo deben ser incorporados al expediente completo, que quedará a disposición de los ciudadanos para su consulta pública durante el año siguiente.
Publicación, Eficacia y Control de Legalidad
- • La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia es el acto que da publicidad a la norma y la hace exigible frente a los administrados, siendo un presupuesto indispensable de su eficacia.
- • Las ordenanzas municipales entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP, salvo que la propia norma establezca una fecha posterior para permitir un periodo de adaptación.
- • El control de legalidad lo ejercen las comunidades autónomas a través de sus órganos de inspección, pudiendo solicitar la revisión de los acuerdos y normas locales que contravengan el ordenamiento.
- • La derogación o modificación de ordenanzas anteriores debe hacerse de forma expresa, indicando el texto refundido o la norma que se sustituye para evitar lagunas normativas en el municipio.
- • Los ciudadanos tienen derecho a conocer el texto consolidado de las ordenanzas vigentes, por lo que los ayuntamientos deben mantener un registro actualizado y accesible a través de sus sedes electrónicas.
Vinculación con el Derecho Administrativo Contemporáneo
- • Esta resolución de 1987 sigue siendo la referencia procedimental básica, aunque su aplicación debe interpretarse de conformidad con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico.
- • La digitalización de los trámites ha modificado la práctica de la información pública, permitiendo la presentación telemática de alegaciones y la publicación exclusiva en los perfiles de contratante y sedes electrónicas.
- • Los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima han pasado a ser criterios de interpretación esenciales al evaluar la validez de las normas municipales.
- • La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia ha matizado numerosos aspectos del procedimiento, reforzando los derechos de defensa y la motivación de los actos administrativos.
- • Para los opositores, resulta crucial dominar no solo el texto histórico de la resolución, sino su evolución doctrinal y su adaptación a los actuales sistemas de administración electrónica en el ámbito local.
Fuentes oficiales
Verifica esta norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado):
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Preguntas frecuentes
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